La moratoria hotelera en Barcelona, que impuso la alcaldesa Ada Colau en julio de 2015, dejó en el aire proyectos hoteleros que sumaban una inversión de algo más de 1.000 millones de euros, según los datos que maneja el Gremi d'Hotels de Barcelona. Concretamente, "teníamos identificados unos 30 proyectos que estaban en distintas fases de diseño y desarrollo en el momento que se implantó la moratoria", explica Manel Casals, director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, que apunta que de estos, únicamente pudieron salir adelante la mitad, al tener ya un proceso iniciado con el Ayuntamiento.
Además, en el Gremi tienen constancia de otros 50 proyectos que estaban en fases mucho más incipientes y que suponían cambios de uso de inmuebles residenciales y de oficinas al uso hotelero.
Grandes cadenas como Four Seasons, Hyatt o Marriott se quedaron a la puertas de implantarse en la Ciudad Condal, y según apuntan los expertos, vuelven a mirar ahora con interés hacia Barcelona, después de que el Tribunal Superior de Justicia haya dictaminado la nulidad del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT).
Este plan está vigente desde 7 de marzo de 2017 y limitó totalmente la apertura de nuevos hoteles, apartamentos turísticos y otros establecimientos de alojamiento turístico, como albergues, residencias de estudiantes e, incluso, viviendas de uso turístico en las zonas de la ciudad con mayor intensidad de uso turístico. Asimismo, estableció restricciones muy relevantes para la implantación de estos usos en el resto del municipio de Barcelona, como por ejemplo, distancias mínimas o cupos de plazas máximas.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia permite al Ayuntamiento presentar un recurso de casación, "por lo que la situación del sector no va a poder cambiar, al menos, hasta dentro de dos o tres meses", explica Casals.
Oportunidad para el sector
En caso de que el Supremo acepte a trámite este recurso, la situación podría alargarse más de un año, si bien, Casals apunta que "una sentencia de este tipo devuelve en cierto modo cierta seguridad jurídica a los inversores", que según el directivo, "siguen mirando con mucha atención el mercado de Barcelona y hay muchas cadenas, tanto nacionales como internacionales, al acecho". En este sentido, Ramón Riera, presidente de Fiabci España, está seguro de que "si se abre la posibilidad de entrar en la ciudad, las grandes cadenas que tenían sus ojos puestos en ella irán directas y dispuestas a invertir".
Riera cree que esta sentencia supone "un punto de inflexión importante y nos hace ser optimistas". Así, destaca que, seguramente "esto va a provocar una revisión de todo el plan estratégico que diseñó el Ayuntamiento en su día" y apunta que si esto no sucede "Barcelona se va a convertir en una ciudad con un parque hotelero viejo y poco confortable". Por eso, ve necesario que "los grupos políticos de la oposición y las asociaciones hoteleras hagan presión para que se forme una mesa de negociación para revisar el plan actual en ese impasse que vamos a vivir mientras se resuelve el recurso que seguramente va a presentar el Ayuntamiento al Tribunal Supremo".
Desde el Gremi d'Hotels de Barcelona apuntan, además, que la sentencia del TSJ de Cataluña "avala algunas de les principales reclamaciones que la entidad llevaba haciendo desde sus inicios hacia el PEUAT como, por ejemplo, la necesidad de preservar la excelencia de la planta hotelera de la ciudad, evitando que esta pudiera quedar obsoleta y perjudicar al conjunto del destino menguando su capacidad de atracción de un turismo de calidad".
El PEUAT imponía condiciones muy restrictivas para la realización de obras en establecimientos en funcionamiento situados en las zonas de la ciudad con mayor intensidad del uso turístico, llegando a determinar la exigencia de reducir un 20 por ciento la capacidad autorizada como requisito para el otorgamiento de licencias de reforma o rehabilitación que conllevaran afectación de los cimientos o la estructura del inmueble.
Según explica Miquel Laborde, socio fundador de Laborde Marcet, durante los años de la moratoria solo se podían traspasar hoteles con licencia, por lo que "la compra de establecimientos en funcionamiento era muy cara". Además, "por lo general los inversores quieren darle una nueva cara o marca al hotel que adquiere y esto en la mayoría de los casos conlleva reformas que suponían un recorte del 20 por ciento en el número de plazas". Así, Laborde apunta que si se declara finalmente nulo el PEUAT, "habrá una relajación de los precios de compra, ya que existirá la posibilidad de hacer cambios de uso. Si bien, este efecto no se notará en las zonas prime, donde todos quieren estar".
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