Los Ayuntamientos se están lanzando a frenar el sector del juego privado en España pese a que las competencias sobre su regulación no son municipales sino autonómicas. Para ello, y según la documentación recabada por este periódico, se están elaborando nuevos planes de regulación urbanística que impiden la concesión de licencias al lado de centros escolares o espacios que puedan ser frecuentados por adolescentes.
En el sector denuncian, sin embargo, que se está produciendo una invasión de competencias, imponiendo incluso moratorias para la concesión de nuevas licencias.
El caso más significativo es el de Barcelona. El pasado mes de ocubre la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, sacó adelante una iniciativa para prohibir la apertura de nuevos bingos, casinos y casas de apuestas . Colau aseguró que la iniciativa para "preservar la salud de la ciudadanía y evitar adicciones" tras realizar un estudio en el que se alertaba del impacto social que el juego tendía entre los jóvenes.
Suspensiones
Barcelona suspendió por un año, en concreto, "la admisión de comunicados de nuevas actividades de concurrencia pública para abrir establecimientos de juegos", iniciando de forma paralela la redacción de un plan especial urbanístico que propondrá reducir el número de salas que hay en la actualidad, de tal forma que cuando una de ellas cierre no pueda abrirse otra.
La Generalitat de Cataluña, que tiene las competencias para la regulación del juego- ha admitido que el Ayuntamiento pueda frenar la actividad del sector a través de la vía urbanística, aunque insistiendo en que las autorizaciones solo las otorga la administración autonómica. Cataluña ya cuenta, de hecho, con una ley autonómica, del año 2006, que limita a 147 los salones, bincos y casinos ue hay en la región.
Desde Cejuego, la patronal de los operadores privados, que agrupa a compañías como Cirsa o Codere, aseguran por ello, que "la prohibición de abrir establecimientos de juego de azar tendrá un impacto limitado" ya que "no hay espacio para crecer".
Pero Barcelona no es, sin embargo, una excepción y cada vez son más las capitales de provincia y grandes municipios que avanzan en la misma línea.
Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba ha seguido el ejemplo de la capital catalana y anunció también el pasado 16 de diciembre la suspensión durante un año de nuevas licencias de salones de juego y casas de apuestas ante su proliferación en la ciudad. El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes, del Partido Popular, advirtió durante la presentación del proyecto del "peligro y la amenaza que supone para jóvenes y barrios con especial situación económica la presencia de salas de juego". Consciente, sin embargo, de la falta de competencias al respecto, el Ayuntamiento cordobés ha instado a la Junta de la Andalucía a que vuelva a definir este tipo de actividades con "informes sobre la ludopatía y el riesgo y amenaza que supone esta actividad. El objetivo del Ayuntamiento de Córdoba es que no pueda abrirse ningún local a menos de 500 metros de un centro educativo.
En Sevilla, el pasado mes de noviembre se ha aprobó también una moción en el Pleno del Ayuntamiento que instaba al alcalde a imponer medidas más restrictivas al juego, siguiendo el ejemplo de otra localidad de la provincia, Alcalá de Guadaira, que está haciendo de avanzadilla al limitar la apertura de salas también, como Córdoba, a menos de 500 metros. El alcalde Sevilla, Juan Espadas, ha anunciado que el Consistorio para iniciar los trámites para la modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), una vez analizadas las posibilidades por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
En Pamplona, la Junta de Gobierno local aprobó el 18 de noviembre la suspensión de licencias de obra y de apertura para casas de apuestas, salones de juego y bingos durante un plazo máximo de doce meses. En este caso, es una medida que va de la mano de la suspensión aprobada por el Gobierno foral, pero al no poder realizarse mediante una ordenanza obliga también a una reforma de la normativa urbanística.
Regulación
En Zaragoza, se ha aprobado igualmente iniciar el procedimiento de modificación del PGOU para delimitar las zonas de la ciudad y restringir la apertura de establecimientos de juego al lado de parque o colegios. Con una moratoria también en vigor, el Ayuntamiento de la capital aragonesa trabaja en cualquier caso de la mano de otras administraciones, como el Gobierno de Aragón, para frenar la apertura de locales. Y algo parecido ocurre también en grandes municipios que no son capitales de provincia como La Laguna (Tenerife) o Getafe (Madrid), que están regulando también las aperturas al sector del juego.
Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, considera que se está produciendo un ataque al sector del juego privado en beneficio de operadores públicos, como Loterías o la Once. Landaluce se muestra contundente y asegura que "lo que no puede ser es que mientras que el Gobierno limita nuestra publicidad y las autonomías o incluso los ayuntamientos quieren impedir que se abran locales a menos de 500 metros de un colegio, el operador público utilice sin problemas para su promoción a los niños de San Ildefonso".
Inspecciones
Landaluce cree lógico que haya inspecciones para impedir que los menores jueguen, pero pide una regulación igual para todos. "Frente a lo que ocurre con nosotros, Loterías ha publicitado cuando a un niño le tocó el premio ", dice. Landaluce se pregunta, además, "¿por qué puede haber bares o estancos al lado de un colegio y en cambio no se pueden abrir locales de juego?". En su opinión, "lo que hay que hacer es impedir el acceso, pero no la apertura de locales".
