Los hermanos Salazar han pactado con la Fiscalía y la empresa de alimentación Deoleo el pago de 8.400 euros para evitar el juicio por el llamado caso SOS, uno de los mayores escándalos empresariales en la historia de España, con el desvío de más de 200 millones desde las cuentas de la compañía a sociedades controladas por los acusados. Según el escrito de acusación, Jesús Salazar Bello acepta 21 meses de prisión y 5.100 euros de multa por delito societario, apropiación indebida, abuso de mercado, estafa e insolvencia punible, y su hermano Jaime acata 10 meses y medio de cárcel más una sanción de 3.300 euros por delito societario, apropiación indebida y abuso de mercado. Gracias a este pacto, ninguno de los dos hermanos tendrá que ingresar así en prisión. El juez Fernando Andreu había visto indicios de delito pero la Agencia Tributaria había dado la razón a los Salazar.
Uno de los cargos que desaparecen respecto a la querella original es el de blanqueo de capitales. El inicio del juicio en la Audiencia Nacional está programado para el 14 de febrero, aunque no arrancará si el juez ratifica el acuerdo alcanzado con el Ministerio Público. El escrito del fiscal se centra en la responsabilidad penal de los acusados y no da detalles sobre su responsabilidad civil debido al acuerdo extrajudicial alcanzado con la acusación particular, liderada por la propia empresa de alimentación afectada, la antigua SOS y hoy llamada Deoleo.
El próximo día 30 de abril se cumplen precisamente once años desde que el consejo de administración de la antigua SOS Cuétara, la actual Deoleo. acordara la destitución de ambos tras descubrir los hechos. En ese momento, Jesús Salazar, presidente y consejero delegado de la compañía en ese momento, era el primer accionista con una participación del 17,68% y su hermano Jaime, vicepresidente primero y también consejero delegado, era dueño de otro 10,54%.
Siete años de instrucción
Tras la presentación de una querella contra ellos por parte de la compañía en la Audiencia y después de siete años de instrucción, el 27 de septiembre de 2016 el entonces titular del juzgado número 4, Fernando Andreu, acordó en un auto la apertura de juicio oral, sentando a ambos en el banquillo junto a otra serie de directivos.
El juez había solicitado en 2015 el embargo de cuentas y activos financieros encontrados en Suiza en poder de los dos hermanos Salazar tras un primer embargo de cuentas, mansiones y coches de lujo para cubrir una fianza de responsabilidad civil por importe de 360 millones.
