Madrid
El fraude del diésel comienza a dar síntomas de contención frente a los niveles récord que ha alcanzado durante los últimos dos años. Las denuncias del sector y el empuje de la Agencia Tributaria han comenzado a dar sus frutos y a contener una situación que llegó a afectar a más del 8% de las estaciones de servicio del país y que ahora parece que se limita ya al entorno del 3%.
Según un análisis llevado a cabo por expertos del sector con datos del Geoportal del Ministerio, hay un total de 356 estaciones de servicio que ofrecen en estos momentos precios notablemente más económicos que el resto, y que en algunos puntos de venta están por debajo de los umbrales de referencia.
Este análisis indica que las estaciones de servicio de marca blanca, cooperativas y algunos centros comerciales son las que registran este nivel de precios más bajo.
La práctica habitual de los defraudadores consiste en la creación de una distribuidora pirata que vende por debajo del precio de mercado hasta que llega el momento de pagar el correspondiente IVA o IIEE y dicha sociedad desaparece.
Los operadores fraudulentos que ofrecen estos precios de gasóleo "truchos" -como se les califica en el sector- ofrecen a las diversas redes cotizaciones más bajas que los grandes operadores para incrementar rápidamente la venta de litros y desaparecer con el botín generado.
Las estaciones de servicio, no obstante, no incurren en principio en ninguna irregularidad, ya que reciben las ofertas correspondientes y aseguran que no pueden detectar a priori el fraude fiscal puesto que se les factura con impuestos, aunque evidentemente son conscientes de los precios fuera de mercado que reciben.
La Asociación Operadores Petrolíferos (AOP), la Unión de Petroleras Independientes (UPI), la Confederación Española de Estaciones de Servicios (CEEES) y la Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles (Aevecar) manutuvieron ayer una reunión con Hacienda para solicitar un refuerzo en su labor de supervisión, una mayor agilidad en la tramitación de expedientes sancionadores y un apoyo activo ante Transición Ecológica para poner en marcha las medidas demandadas por el sector para frenar el fraude, como pagos de impuestos por anticipado cuando se retira el producto del depósito fiscal.
Por contra, un grupo de pequeños operadores al por mayor, agrupados en la recién creada Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles -que representa a compañías como Biomar, Biovigo Energy, Virosque o MarTankship- aseguraron que las medidas planteadas en la reforma que hay ahora mismo sobre la mesa sólo servirá para reforzar el poder de los grandes operadores mediante la imposición de avales que son muy difíciles de cubrir por parte de las compañías.
El pasado junio, el sector de los hidrocarburos dio la voz de alarma y alertó de que el fraude crecía con fuerza en España. Según las estimaciones que manejan las principales asociaciones, el agujero superaba ya los 1.000 millones, lo que puede implicar entre el 25% y el 30% de las ventas y las medidas para tratar de paliarlo no llegan.
El Gobierno incluyó en la tramitación del Real decreto Ley 8/2023 una serie de propuestas que están atascadas en el Congreso, lo que ha llevado a que el sector busque otras normativas con más probabilidades de ser aprobadas para tratar de paliar el impacto de esta situación.
