El Ministerio de Industria ha sometido a audiencia e información pública el proyecto de Real Decreto que establecerá las normas necesarias para la aplicación en España de dos reglamentos clave de la estrategia industrial europea: la Ley de Materias Primas Fundamentales (CRMA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Industrias de Cero Emisiones Netas (NZIA). El texto, abierto a observaciones hasta el próximo 22 de abril, constituye un paso crucial para adaptar el ordenamiento jurídico español a la nueva arquitectura normativa comunitaria en materia de reindustrialización y transición verde.
Aunque ambos reglamentos europeos tienen carácter directamente aplicable, el Gobierno considera imprescindible un marco nacional que garantice su implementación efectiva y homogénea, que respete el reparto competencial y que proporcione seguridad jurídica a empresas, administraciones y ciudadanos. La norma busca activar de forma inmediata los instrumentos de apoyo que ofrecen los textos comunitarios, especialmente los destinados a facilitar proyectos de interés estratégico.
El proyecto de real decreto se estructura en torno a dos grandes pilares. El primero regula el despliegue del CRMA, cuyo objetivo es garantizar el acceso estable, seguro y sostenible a materias primas fundamentales para sectores industriales críticos. El segundo traduce al marco español la NZIA, que impulsa la fabricación en territorio europeo de tecnologías limpias como paneles solares, baterías, turbinas eólicas o sistemas de captura y almacenamiento de carbono.
Uno de los elementos centrales del decreto es el reconocimiento de los "proyectos estratégicos", tanto en el ámbito de las materias primas como de las tecnologías de cero emisiones. Este reconocimiento conllevará importantes ventajas administrativas: tramitación urgente, reducción de plazos, prioridad en procedimientos judiciales y reconocimiento del interés público, incluso con efectos ambientales.
El Ministerio de Industria y Turismo será competente para reconocer el carácter estratégico de los proyectos de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas, en colaboración con la comunidad autónoma en la que se vaya a ubicar el proyecto.
Para gestionar la aplicación de estos reglamentos, el decreto establece la creación de puntos de contacto únicos en todas las comunidades autónomas y en los departamentos ministeriales implicados. Estos actuarán como ventanillas únicas encargadas de centralizar la tramitación, coordinar permisos y asesorar a los promotores de proyectos estratégicos. A nivel estatal, se asignan estas funciones a la Subdirección General de Minas y a la Subdirección para el Impulso de Proyectos Industriales, en función del tipo de iniciativa.
El texto también prevé la elaboración de un Programa Nacional de Exploración Minera, que identificará recursos potenciales y residuos aprovechables, y de varios Programas Nacionales de Circularidad, enfocados en la reutilización y reciclaje de materias primas críticas. Además, se establecen comisiones de coordinación específicas para materias primas y tecnologías limpias, integradas por representantes de todas las administraciones y con posibilidad de participación del sector privado y la sociedad civil.
Otro aspecto novedoso del real decreto es la creación de valles de aceleración y espacios de pruebas para tecnologías limpias, que actuarán como polos de desarrollo industrial y recibirán apoyo técnico y regulatorio especial. Las comunidades autónomas podrán promover estos espacios con medidas de estímulo a la localización industrial y con procedimientos simplificados.
Por último, en las disposiciones finales se modifica puntualmente el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, para introducir el estudio de evaluación económica preliminar sobre la posible valorización de materias primas fundamentales en los planes de gestión de residuos mineros y se habilita a las Secretarías de Estado de Energía e Industria para dictar las instrucciones necesarias para la elaboración de los informes de seguimiento de los reglamentos CRMA y NZIA.
Desde el punto de vista económico, la futura norma no conlleva un impacto presupuestario directo, pero se espera que dinamice la inversión privada y facilite la implantación de nuevas capacidades industriales en sectores estratégicos. El Gobierno subraya el valor añadido que tendrá para las pequeñas y medianas empresas, que verán reducida la carga administrativa y contarán con puntos de asesoramiento específico.
El texto ha sido publicado en el portal del Ministerio para la presentación de alegaciones, y será posteriormente objeto de informes preceptivos antes de su aprobación final en Consejo de Ministros.
