El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) destinado a la vivienda industrializada. Esta iniciativa contará con una dotación total de 1.300 millones de euros a lo largo de los próximos diez años, que se destinarán a impulsar un nuevo modelo de edificación que es "más ágil, moderno y respetuoso con el medioambiente". Si bien, la condición principal para acceder a estos fondos será que las viviendas resultantes sean asequibles. Así, lo ha adelantado el Ministerio de Vivienda, que no ha especificado como asegurará que los inmuebles que se construyan con estos fondos cumplan ese criterio.
Concretamente, 1.000 millones se destinarán a financiación y 300 millones a capitalización de las empresas del sector.
"Este Perte busca incrementar la oferta de vivienda, reducir los costes, hacer el sector más sostenible y más eficiente, así como garantizar la seguridad de los trabajadores en la construcción, mientras se acompaña a las pymes en un sector donde la mitad de las empresas no tienen ningún asalariado y el 30% tienen entre uno y dos asalariados", ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
En la próximas semanas el Gobierno espera concretar cuales serán las vías y los criterios para canalizar los fondos y que lleguen tanto a la industria como al sector promotor. El objetivo es que se alcance una producción anual de 15.000 viviendas construidas mediante procesos de industrialización durante la próximo década, y que esa cifra se amplíe hasta las 20.000 a partir de los diez años.
Respecto al nivel de industrialización, no se exigirá que cada vivienda sea completamente modular, pero sí que al menos el 50% del proceso constructivo se realice mediante técnicas industrializadas.
El 80% del capital se destinará, de este modo, a financiar proyectos de industrialización propiamente dichos. Esta financiación se canalizará principalmente a través de las líneas ICO, como ICO verde o ICO emprendedores, o el Plan Reinicia + FAIIP, que está financiando propuestas de industrialización en zonas afectadas por la DANA, a la vez que se incrementa la demanda de constructoras y promotoras que apuesten por estos productos industrializados para que puedan actualizar sus procesos productivos.
De igual manera, se reorientarán desde el Ministerio de Industria otras fuentes de financiación, como el Fondo de Resiliencia Autonómico o los préstamos FAI, entre otros, con el objetivo de industrializar la construcción.
El 20% restante servirá para reforzar la solvencia financiera de las empresas del sector. Así, esos 300 millones se destinarán a aumentar el "músculo financiero" de las empresas, tanto de las que generen oferta como las que generen demanda, para que puedan afrontar procesos de industrialización suficientes que garanticen un impacto positivo del Perte.
La sede institucional del proyecto se ubicará en la zona logística del Puerto de Valencia, en terrenos públicos propiedad del Sepes. Sin embargo, no se trata de un centro productivo, sino de un polo de conocimiento e innovación en materia de construcción industrializada. Allí se impulsará la formación técnica y se coordinará una plataforma digital de intercambio de datos y avances entre los actores implicados.
El Ministerio de Vivienda ha anunciado que iniciará una ronda de reuniones interministeriales en los próximos días, en las que participarán diversas carteras como Economía, Hacienda, Industria y Educación. Estos encuentros definirán los aspectos operativos clave del programa, aunque todavía no hay una fecha concreta para su puesta en marcha efectiva.
Además del impulso a la productividad, el Perte busca favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres al sector y promover un modelo más competitivo basado en la estandarización.
