Madrid
Los compromisos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha negociado con BBVA tendrán un coste económico limitado, pese a incluir nuevas medidas con un foco principalmente en pymes y autónomos. Con muchos de los remedies se busca garantizar que la transacción no empeore las condiciones de los productos o servicios que hoy presta Sabadell a sus clientes -pymes, autónomos y particulares-, pero con un perímetro muy tasado en su alcance, bien por el tipo de prestación protegida o por el colectivo de clientes beneficiarios.
En otros compromisos garantiza que no cerrará sucursales cuando no haya otra de BBVA o Sabadell a menos de 300 metros; tampoco en códigos postales con renta per cápita inferior a 10.000 euros; ni donde quedan menos de tres competidores; ni en municipios de 5.000 habitantes. Unas garantías que afectan a algo menos de 200 municipios y 205 códigos postales.
Eso sí, la mayoría de estas oficinas pertenecen a BBVA porque Sabadell, por la propia especialización como banco de empresas, no tiene una extensa capilaridad en pequeñas poblaciones y allí donde cuenta con alguna oficina es porque salen bien los números. BBVA prometió también no bajar la persiana en ninguna oficina de Sabadell especializada en empresas, pero ya contaba con esta garantía en la primera propuesta a la CNMC.
El grupo vasco estimó en hasta 850 millones de euros las sinergias que obtendría con la absorción de Sabadell, con un retorno de la inversión (ROIC) cercano al 20% para los accionistas de BBVA y un aumento del beneficio por acción (BPA) del 3,5% tras materializar los ahorros. El grueso procedería de ahorros en tecnología y ajustes en servicios centrales, algo que no alteran los remedies ni ha empeorado, aparentemente, las últimas cesiones realizadas para convencer a Competencia de que no dañará el juego de mercado.
Seis propuestas diferentes
La CNMC tardó más de cinco meses en emitir su dictamen y la labor de persuasión por parte de BBVA no ha estado exenta de obstáculos. Hasta principios de abril, cuando Competencia lanzó el test de mercado a algunas patronales, el banco presidido por Carlos Torres ya había puesto sobre la mesa al menos cinco propuestas de remedies para intentar apaciguar los temores que desató la operación sobre riesgos de elevada concentración bancaria, así como en la merma del crédito a las pequeñas y medianas empresas y en el servicio de TPVs y cajeros.
Sin embargo, para asegurarse el visto bueno por parte del regulador de competencia, BBVA tuvo que hacer un esfuerzo más y reforzar sus compromisos en el crédito a las pymes, además de garantizar la financiación a corto plazo a los autónomos. Desde el principio de la transacción, estos temas han destacado entre los más delicados, ya que una de cada dos pymes en España es cliente del vallesano, el 67% en Cataluña y el 60% en Valencia, según explicó su consejero delegado, César González-Bueno, en varias ocasiones.
Autónomos en la ecuación
De acuerdo con los compromisos que permitieron lograr luz verde por parte de la CNMC, el banco vasco se comprometió a mantener la financiación a corto plazo (inferior a un año) que tanto las pymes como los autónomos tengan contratadas con Sabadell. La quinta propuesta de compromisos presentados a la CNMC, a la que ha tenido acceso este periódico y que Competencia sometió a examen en el test de mercado, preveía mantener las líneas de circulante únicamente a las pymes. Por lo tanto, BBVA añadió a los autónomos en la ecuación solamente en su última propuesta de remedies.
Además, para ganarse el plácet de Competencia, la entidad opante se comprometió a mantener el volumen de crédito a medio y a largo plazo de los clientes pymes que a fecha de 30 de abril de este año reciban al menos el 85% de la financiación de BBVA y/o Sabadell. En la última propuesta previa que se había conocido, dicha cuota estaba fijada en un 100%, de forma que el banco vasco parece haber tenido que rebajar este umbral para convencer a la CNMC.
Es más, en las comunidades autónomas donde la cuota en el segmento de crédito a pymes de la entidad resultante sea del 30% o superior -Cataluña e Islas Baleares- también tendrá que preservar la cuota de financiación a pymes si entre ambos bancos le suministran, al menos, el 50%.
Esta distinción que concierne a las dos comunidades autónomas tampoco se contemplaba antes entre sus remedies. Es previsible que Competencia, tras recibir las respuestas al test de mercado, haya pedido a BBVA dar un paso más allá en una cuestión tan sensible como el crédito a las pymes y poner sobre la mesa mayores garantías. La duración de esos compromisos será de tres años, prorrogables a dos años extras si la CNMC advierta mayores riesgos.
Las últimas concesiones de BBVA siguen muy lejos de las peticiones que hizo Sabadell acerca de la operación con el propósito de proteger el tejido empresarial del país. González-Bueno dijo desde el principio que la solución más eficaz para garantizar la competencia tras una hipotética compra del vallesano sería exigirle al comprador una serie de medidas estructurales, como la venta de determinados negocios, entre ellos carteras de créditos a pymes en algunas regiones.
No obstante, a la vista de que el organismo presidido por Cani Fernández iba a aprobar la operación solo con los compromisos planteados por BBVA, el consejero delegado vio razonable que el nuevo grupo pudiera mantener estable la cuota total de crédito a pymes en las que más del 20% de su financiación venga de los dos bancos durante mínimo cinco años. Un porcentaje mucho más bajo del mencionado 85% finalmente planteado por la entidad vasca.
Asimismo, BBVA se comprometió a mantener las condiciones comerciales en los códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades financieras (174 en total); mantener las condiciones de los servicios de adquirencia (TPV) que los clientes pymes y autónomos tuvieran contratados con BBVA y/o con Sabadell, y no cerrar cajeros desplazados de las partes en las localizaciones donde exista uno o ningún competidor.
La mayoría de los compromisos tendrán una duración de 3 años, prorrogables por dos más en el caso del crédito para pymes; y de 18 meses en el caso de condiciones de acceso a cajeros.
