El veredicto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el deseo de BBVA de comprar Sabadell llegó tras un vivo debate en el seno del organismo y asunción de mayores compromisos por parte del grupo bancario vasco, a exigencia, sobre todo, de dos de sus cinco vocales para sacar el dictamen por unanimidad.
La emisión de un voto particular o dos, según las mayorías existentes, no hubiese echado por tierra la aprobación del organismo que preside Cani Fernández, pero sí dejaría en evidencia discrepancias internas y quizá hubiese servido al Gobierno de excusa para llevar el expediente al Consejo de Ministros. El empeño de Cani era la unanimidad y por eso exigen a BBVA más esfuerzo con los mínimos requeridos por los consejeros.
Problemas de competencia
Junts reiteró ayer su oposición la opa y explicó que un voto discrepante no hubiese parado nada mientras que el reconocimiento de que existen graves problemas de competencia en Cataluña recogido en el informe, al optimizar el voto, allana la entrada del Ejecutivo para tumbar la operación porque facilita "fundamento jurídico" y "amparo legal", además de lograr mayores garantías de financiación para las pymes de la región. A CNMC le corresponde realizar un trabajo técnico, de análisis sobre riesgos de competencia en el mercado, y Junts exigió al Ejecutivo que actúe tomando una "decisión política".
¿Qué ha cambiado para el dictamen? La Sala de Competencia estaba citada el lunes para aprobar la resolución y, aunque tuvo que cancelar el encuentro por el apagón al encontrarse participando alguno de sus consejeros de forma remota, se trasladó que había dos sensibilidades en el organismo: una parte, con Cani Fernández incluida, se inclinaba por aprobar la resolución con los últimos remedies ofrecidos por BBVA y otra exigía mayores garantías.
El martes el banco vasco añadió compromisos, pero el miércoles varios miembros de la Sala los juzgaron insuficientes y fijaron unas condiciones mínimas para dar el visto bueno, algo que ocurriría horas después cuando BBVA las acepta.
Cesiones en pymes
Entre los nuevos remedies figuran garantías de mantener sucursales en códigos postales con poca población, con residentes de bajas rentas o vulnerables, con falta de red bancaria e, incluso, BBVA renuncia a cerrar sucursales si el grupo fusionado no tiene otra a menos de 300 metros.
Entre las garantías de financiación, incluye a los autónomos y abre la mano para las pymes asumiendo una mayor protección. Hasta ese momento, por ejemplo, garantizaba todo el circulante de pymes de Sabadell y el resto de la financiación si lo obtienen al 100% de BBVA-Sabadell. Baja ese umbral al 85% para el conjunto de España, salvo en Cataluña y las Islas Baleares donde mantendrá la financiación si, al menos, un 50% procede de BBVA-Sabadell.
De un lado, el Gobierno no habría podido intervenir si expira el plazo y la CNMC no ha aprobado la opa porque se hubiese autorizado por silencio administrativo, sin incorporar compromisos. De otro, al reconocer garantías extras en Cataluña e Islas Baleares puede darle pie a invocar un problema de cohesión territorial porque no protege igual a las pymes de otras regiones.
La patata caliente ahora está en manos del Ejecutivo, que puede vetar la fusión pero no la operación. Una vez recibido el informe de Competencia, dispondrá de 15 días hábiles para decidir si elevar la operación al Consejo de Ministros, que a su vez contaría con 30 días naturales para estudiar su resolución.
Hasta este momento, el Gobierno siempre se ha opuesto a la transacción, ya que cree que supondría una excesiva concentración del mercado, en particular en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde gran parte de las pymes son clientes del Sabadell. Lo que es cierto es que si quiere entorpecer la opa, tendrá que poner argumentos técnicos sobre la mesa. Según la ley, tiene la potestad de mantener los compromisos pactados entre BBVA y la CNMC, suavizarlos o endurecerlos, siempre y cuando alegue razones distintas a las de la defensa de la competencia.
A pesar del silencio del ministro de Economía, que estará en primera línea en el análisis de la operación, otros representantes del Ejecutivo han roto el silencio sobre la resolución del regulador de competencia. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, advirtió de que todavía es prematuro saber que hará el Ejecutivo, mientras que tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, así como el portavoz de su mismo partido y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cargaron contra la opa, al considerar que perjudica la estabilidad financiera, a clientes, autónomos y pymes. El Govern invitó a la prudencia, pero aseguró que defenderá los intereses económicos, industriales y del tejido de la pequeña y mediana empresa de Cataluña.
En el medio de todo ese ruido, BBVA siempre ha revalidado sus argumentos a favor de la transacción. El pasado martes, en la presentación de resultados, su consejero delegado, Onur Genç, intentó disipar una vez más todos los temores desatados por el intento de fusión, al defender que sus garantías "van más allá de los riesgos observados en competencia y abordan las dimensiones sociales que habían planteado las autoridades", garantizando la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos.
